Cada mes en Madrid se imponen una media de 30.000 multas de tráfico por exceso de velocidad. Las cifras, del portal municipal de datos abiertos, señalan que durante los meses de septiembre y octubre pasado las denuncias totales fueron 385.000, de las que 59.850 castigaban a quienes corrieron por encima de la limitación.
Sólo la M-30 se lleva la parte más importante de este porcentaje: más de 25.800 sanciones en septiembre por sobrepasar los límites de velocidad. Precisamente se acaban de estrenar dos nuevos radares en la capital; se han instalado en el paseo de la Castellana –frente al hospital de La Paz– y en el paseo de Santa María de la Cabeza –a la altura del número 109–.
Desde las organizaciones de defensa de los conductores se critica que la inmensa mayoría de estas multas –castigadas con sanciones económicas de 100 euros– se imponen a conductores que han rebasado la velocidad permitida en menos de 10 kilómetros. «Es el caso del 90 o el 95 por ciento de las sanciones por este motivo que se imponen», aseguran.
93 millones de euros
Añaden además que en algunas ocasiones, el radar está colocado en tramos en que las condiciones de la vía hacen suponer al conductor que nada ha cambiado respecto a la anterior limitación: «Debería reforzarse la señalización, o poner un asfalto más sonoro, algo que haga que el conductor se de cuenta de que ha entrado en un tramo especial», explica Mario Arnaldo, responsable de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
En el fondo de su crítica, subyace la tradicional acusación del «afán recaudatorio» que el Ayuntamiento persigue con estas sanciones. Proponen señalizar claramente las áreas con radares, e incluso imponer la presencia de agentes de la Policía Municipal para evitar los puntos peligrosos. El presupuesto municipal para 2015 prevé unos ingresos de 93,6 millones de euros por multas a la ordenanza de circulación. Se trata de una cifra sensiblemente menor que la que se presupuestó para el pasado 2014, y que ascendía a 111,1 millones de euros.
Es lo que ocurre, por ejemplo, en el paseo de Santa María de la Cabeza, con el radar situado «a apenas 200 metros del subterráneo, en dirección de entrada a la capital, y que induce a error porque «podemos pensar que seguimos en una autovía, pero ya es vía urbana, y el límite está en 50 kilómetros por hora», explica.
«Síndrome de las abuelas»
Con casi mil multas diarias por exceso de velocidad –para un parque automovilístico de más de dos millones de vehículos–, es importante saber dónde están los radares, especialmente los nuevos, que los conductores aún no «controlan». En el caso del situado en la Castellana, frente al hospital de La Paz, afecta fundamentalmente a los coches que circulen por el carril izquierdo en dirección salida de la ciudad y vayan a tomar la M-607 (carretera de Colmenar) o M-30 (hacia la avenida de la Ilustración).
Mario Arnaldo alerta sobre lo que llama «el síndrome de las abuelas infractoras», que se produce por «la tendencia de no parar al infractor para comunicarle la multa», y enviarla a su domicilio. Esto está causando que en muchos casos, asegura, se utilice la picaresca: ante la falta de reconocimiento expreso del conductor, terminan apareciendo como tales personas mayores que siguen teniendo el carnet, aunque tal vez ya no conduzcan, para que el auténtico infractor no pierda puntos.
